Ante unas necesidades fiscales que se hicieron más urgentes por cuenta de la pandemia, y nuevas demandas derivadas del paro nacional , el Gobierno, además de una nueva reforma tributaria, también está contemplando la enajenación de activos como una de las salidas.
Según el Ministerio de Hacienda, para este año se espera que el déficit fiscal sea de unos $94,6 billones y los recursos que necesitan para el próximo año sería de al menos $20 billones.
Precisamente, José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda señaló en una entrevista reciente a Portafolio que “algo muy importante es seguir avanzando en la estrategia de optimización de participación de activos de la Nación para tratar de sacarles el mayor provecho. Así mismo, seguiremos con el esfuerzo para contribuir a reducir la evasión fiscal, que es una de nuestras prioridades, de tal manera que tengamos nuevas fuentes de recursos”.
Y no solo el Gobierno ha señalado como estratégica la venta de activos, sino que es parte de las propuestas que han hecho la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), el Consejo Gremial y algunos partidos políticos.
Coinciden en que con eso Colombia podría solucionar los problemas fiscales en el corto plazo, sin tener que recaudar más a través de la eliminación de exenciones de IVA, o ampliar la base gravable del impuesto de renta a personas.
Ahora bien, en medio de ese escenario, el Gobierno Nacional tiene como una de las principales fuentes de recursos las del sector energético.
Según las cuentas del Ejecutivo, con la posible enajenación, le entrarían a las arcas del Estado poco más de $21 billones, dineros con los que prácticamente atendería lo que calculaba recaudar con la reforma fiscal, que eran alrededor de $23,4 billones, descontando los recursos que van a las regiones a través del Sistema General de Participaciones.
“Si las ventas de estos activos del patrimonio energético representan para el país una mejora en su competitividad, porque las inversiones que se realizarían son en construcción e infraestructura, así como en los programas sociales, y que contribuirían a dinamizar la economía, sin duda resultaría una operación interesante para el Gobierno”, dijo el analista Camilo Silva.
Aunque la Nación tiene una lista amplia de activos que pondría en vitrina, la gran tajada de recursos vendrían de empresas de este sector, como sería la venta del 8,9% de Ecopetrol y el 51,4% de ISA.
Con esta sola operación al Gobierno Nacional le llegarían alrededor de $20 billones, si se tiene en cuenta que por la petrolera le entrarían $6 billones y por la transmisora de energía $14 billones.
ACTIVOS ENERGÉTICOS, LA GRAN CARTA
A la hora de hallar nuevos recursos, el Ejecutivo tiene de donde echar mano para conseguirlos. Solo la posible venta de Ecopetrol sería rentable, siempre y cuando se desligue de la operación a los activos de transporte para ofertarlos.
Así lo afirmó el ingeniero de petróleos y consultor del sector energético, Julio César Vera, al precisar que la enajenación tanto de las transportadoras de hidrocarburos Cenit, como la del Oleducto Central (Ocensa), debe ser independiente.
“Poner en venta las dos transportadoras sería una operación interesante ya que no solo le generarían unos recursos adicionales al Gobierno Nacional, sino que además le permitiría a Ecopetrol fortalecer su caja para ampliar su operación”, explicó el consultor.
Pero a estas cuentas del Ejecutivo hay que sumarle otras empresas del sector de eléctrico en las que la nación tiene participaciones minoritarias, es decir que no superan el 49% de la propiedad accionaria, y que son generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía.
Incluso, varias de estas compañías en las que se enajenaría la participación del Estado ya tienen estudios finalizados con miras a una posible venta como fueron los casos de Gecelca y Urrao, que contrataron en el 2006 con banca de inversión para tal fin, y que no se ejecutó por coyuntura. En el mismo proceso estuvieron las electrificadoras de Nariño, Caquetá, Meta y Huila.
Así, solo con este paquete de empresas, al ser vendidas, la Nación tendría a su haber entre $1,5 billones y $2 billones adicionales a los dineros que se recogerían con la venta de Ecopetrol (8,9%) e ISA (51,4%).
“El Gobierno no necesariamente tiene que recurrir a la venta de participación de empresas estatales listadas en bolsa, ya que tiene presencia en otras compañías como electrificadoras, y cuyos activos no superarían los $4 billones en su valor”, apuntó José Ignacio López, jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
FUENTE: PORTAFOLIO