Con el crecimiento estimado de la demanda de electricidad del país y la entrada en operación de forma escalonada de la Central Hidroeléctrica Ituango, a partir de 2018, el país requerirá nuevas fuentes de generación hacia los años 2024 o 2025 para asegurar la confiabilidad en el suministro a unos precios y condiciones normales.
Sin embargo, el horizonte de nuevos megraproyectos que usen agua y den solidez al sistema nacional en el mediano plazo se ha visto reducido por razones que alertan las empresas generadoras.
El inventario de obstáculos empieza por las demoras y negativas en el licenciamiento ambiental y falta de claridades normativas en la consulta previa con comunidades. A esto se suman dificultades en la gestión predial, que retrasan los cronogramas de los proyectos.
Al tiempo, hace carrera una mayor oposición local y unas expectativas de inversión de las comunidades, que desbordan la viabilidad financiera. También surgen crecientes cuestionamientos a impactos ambientales y oposición de grupos minoritarios.
Al final, hay una mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros, que revisan viabilidad financiera sobre si vale la pena insistir en Colombia o buscar otras latitudes.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional ha expedido normas que estimulan proyectos de energía renovables y no convencionales, como la solar (fotovoltaica), o la que usa el viento (eólica).
Pero estas alternativas limpias también presentan limitaciones de orden técnico que no tiene la hidroelectricidad, por ejemplo, la vida útil de los proyectos, la intermitencia del recurso, mayor desarrollo de líneas de transmisión y tecnologías de acumulación para entregar en los tiempos requeridos al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
“Los países desarrollados con más penetración de energías renovables no convencionales han advertido que estas no reemplazan la generación con fuentes tradicionales, sino que son un complemento y un soporte. El tema de fondo es la confiabilidad del sistema, por eso no se puede diversificar, estigmatizando las hidroeléctricas, carboeléctricas o termoeléctricas”, comentó Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), entidad del Gobierno.
Estimaciones de futuro
El potencial hidroeléctrico disponible de Colombia es de un 80 %, por su oferta de agua de 56 litros por segundo en cada kilómetro cuadrado, seis veces el promedio mundial y que triplica al de Latinoamérica.
No en vano, la última revisión 2016-2019 del plan de expansión en generación de Upme contempla en su escenario base aportar 6.900 megavatios (MW), de los cuales un 38 % corresponde a hidroelectricidad.
Así que en 12 años se proyecta que el 57 % de capacidad total de generación sea con agua, 13.517 MW de 23.506 MW. Como referencia, vale decir que al 27 de julio pasado la capacidad efectiva del país era de 16.697 MW, 65,7 % aportados por hidroeléctricas, según datos de XM, operador del mercado eléctrico.
“Los proyectos hidroeléctricos medianos y grandes tienen el reto de mantener su competitividad para garantizar su espacio en las expectativas de expansión, que tendrán la penetración de fuentes no convencionales de energías renovables”, señaló Carlos Alberto Solano Bonett, vicepresidente de Generación de Energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
En esas condiciones, cálculos propios arrojan que de los 433 proyectos de generación inscritos ante la Upme, al 31 de julio pasado, 119 son hidroeléctricos, que suman 5.348,7 MW. Esto más que duplica la capacidad de 2094 MW de los 280 proyectos solares inscritos, 273 de ellos pequeñas centrales de menos de 20 MW. Mientras que los parques eólicos son apenas cinco, esperando tener una capacidad instalada que suma 479 MW.
De hecho, de los proyectos hidroeléctricos, solo 10 superan los 100 megavatios (MW) de capacidad instalada, es decir, son grandes. Apenas dos de ellos serían con embalse, los demás son a filo de agua (sin embalse). La totalidad se encuentran en fases iniciales (ver gráficos).
“Estamos ante una inseguridad jurídica aplastante. Ya tener una licencia ambiental no es garantía, pues le puede aparecer un nuevo requerimiento, fallo o consulta popular tardía, todo eso ahuyenta a los inversionistas. Incluso la gestión predial, en vista de la alta informalidad en la tenencia de la tierra, limita proyectos”, comentó Carlos Eduardo Isaza, presidente de Integral, firma de ingeniería antioqueña que participa en proyectos de energía en Colombia y en países como Pakistán.
Proyectos atascados
De otro lado, en los registros de la Upme no aparece el proyecto Piedra del Sol (156 MW), en Santander, de Isagén, en asocio con HMV Ingenieros al filo de agua, que ahora está en recurso de reposición de licencia ambiental. Mientras tanto, opositores al proyecto esperan fecha para una consulta popular y que los habitantes de San Gil decidan si apoyan o no el proyecto que usaría aguas del río Fonce.
Tampoco aparece el proyecto Cañafisto, también de Isagén, que se proyectó entre el Suroeste y Occidente antioqueños. Con una capacidad instalada inicial de 940 MW, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) negó su permiso en enero pasado. Su opción de “Cañafisto bajo”, de 380 MW, está en veremos.
“Estamos viendo diezmadas las grandes oportunidades que tiene la hidroelectricidad para el país, nos hace falta una política nacional que nos indique cuenca a cuenca cómo se puede optimizar el recurso hídrico y que concilie intereses nacionales, regionales y locales, para que no se den conflictos, muchas veces generados por terceros”, comentó Luis Fernando Rico, gerente de Isagén.
Entre tanto, el Consejo de Estado decidirá sobre la consulta popular en el municipio de Oporapa (Huila) para que diga sí o no a un proyecto de Emgesa, de 280 MW, pues en junio pasado el Tribunal Administrativo del Huila declaró inconstitucional la pregunta.
El camino de oponerse por la vía de consulta popular a hidroeléctricas comenzó el 26 de febrero pasado en Cabrera (Cundinamarca), aún cuando el proyecto modificado Aguaclara, también de Emgesa, no toca su territorio y contempla seis minicentrales a filo de agua en la región del Sumapaz.
En ese contexto, el único proyecto a gran escala que tiene más probabilidades de construirse es Porvenir II (352 MW), de Celsia, en el Oriente antioqueño. Ya tiene licencia ambiental de la Anla, después de un tortuoso trámite que no ha estado exento de críticas por parte de ambientalistas que lo consideran una amenaza en torno a la biodiversidad del río Samaná.
Que se comiencen las obras, aún sin fecha precisa, depende ahora de la adquisición de predios, del cierre financiero, con un costo aproximado de 800 millones de dólares, y se prevé la búsqueda de un socio, informó por escrito Marcelo Álvarez, líder de Generación de Celsia.
“Hay una preocupación generalizada en el sector, porque están surgiendo desinformaciones ante unos proyectos que no solo son ambientalmente responsables, que mitigan y compensan sus impactos, sino que cumplen la ley y llevan desarrollo a muchas regiones a donde no ha llegado el Estado”, comentó Ángela Montoya Holguín, presidenta de Acolgén, gremio de grandes generadores de energía.
Postura ambiental
Desde la otra orilla, expertos en biodiversidad y protección del medio ambiente señalan la inconveniencia de grandes proyectos hidroeléctricos con embalses por unos impactos difíciles de compensar.
“Entre más diverso sea el territorio, aumentan los perjuicios, sobre todo en un país como Colombia, donde los endemismos (especies únicas) de flora y fauna son altísimos.
También está la eutroficación, por la aparición de algas que limitan la producción de oxígeno en aguas y la liberación de gas metano a la atmósfera por la gran cantidad de biomasa (vegetación) que se descompone en zonas embalsadas”, comentó Edinson Muñoz Ciro, biólogo y fundador de la oenegé ConVida.
A esto agrega Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, que si bien la hidroelectricidad es limpia, grandes proyectos generan transformaciones del paisaje e implican sacrificios importantes en diversidad.
“A este punto, favorezco más el desarrollo de termoeléctricas o de extracción de petróleo convencional para tener una balanza energética más equilibraba y con menos impacto, pues Colombia puede aún ampliar su huella de emisiones de dióxido de carbono”, agregó la experta (ver Cara a Cara).
Por su parte, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, respondió por escrito a EL COLOMBIANO que se promueve el uso de energías limpias, incluida la hidráulica, en lugar de la que emplea combustibles fósiles (gas, diésel), lo que contribuye a cumplir con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Frente a la conveniencia de grandes proyectos hidroeléctricos se abstuvo de pronunciarse y se limitó a señalar que “es necesario realizar una evaluación de la viabilidad ambiental de cada proyecto específico y como resultado de esta evaluación, la autoridad competente determina si el proyecto es viable o no desde el punto de vista ambiental y social”.
Ante la queja reiterada de los generadores de energía por demoras en el licenciamiento ambiental, el funcionario justificó que, en general, se cumplen los términos, aunque hay demoras puntuales por la complejidad de los proyectos, la necesidad de cumplir las normas y estándares exigidos, y en varios casos, la información aportada por el solicitante es insuficiente o se requieren datos adicionales.
“No existe divorcio entre la política ambiental y energética. El Estado requiere llevar bienestar a la población y una forma es suministrar fluido eléctrico, pero de manera responsable y sostenible”, concluyó el ministro Murillo.
Entre tanto, muchos proyectos de grandes hidroeléctricas siguen archivados, la oposición ambiental y social crece en los territorios, y hay alertas frente a que las energías alternativas renovables si den la confiabilidad suficiente para que Colombia tenga la electricidad para evitar apagones en el futuro.